STOP FALSOS AUTÓNOMOS

FALSOS AUTONOMOS EN PLANTILLA

Empecemos, no por ensalzar la figura del trabajador por cuenta ajena como la salvación a todos los males, ni demonizar el trabajo autónomo como el peor de los destinos, sino por tratar de encontrar la figura legal que mejor se adapte a la situación real de nuestro desempeño laboral y a la vez, permita a la empresa desarrollar su actividad sin perder su competitividad. Insistimos, dentro de la legalidad vigente, porque otra cosa sería que pudiéramos crear un marco legal que se ajustara a nuestras necesidades, una legislación que permitiera una mayor flexibilidad para los empresarios, maximizando las coberturas a los trabajadores. Pero no será, por ahora, esta nuestra realidad.

Nuestra realidad nos indica que la evolución de las organizaciones a nivel supranacional, los nuevos sistemas de trabajo deslocalizados y la innovación en la producción y la prestación de servicios reclama una renovación en los conceptos tradicionales del sistema laboral, y que dicha renovación solamente será viable si todos los agentes implicados participan en ella.

Centrándonos en algo que ya nos ocupa y preocupa hoy, debemos tomar nota de los problemas que acarrea no vincular correctamente las nuevas posiciones laborales con las dos figuras legales actualmente válidas: empleado o autónomo.

Principalmente la situación de muchos trabajadores, contratados como falsos autónomos, ha generado graves consecuencias para las empresas contratantes, pero también a ellos.

¿Y por qué tanto revuelo con los falsos autónomos?

Pues porque ser un falso autónomo perjudica tanto a nivel individual (trabajador) como a nivel colectivo (empresa).

Y, además, probablemente, generará diferencias competitivas injustas entre empresas.

Para el trabajador: Caracterizado por realizar un trabajo de forma fija para una empresa, pero que carece de nómina mensual y los beneficios sociales típicos de un contrato por cuenta ajena.  

Para la empresa: Se aplica la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social. Se basa en la Inspección de Trabajo 2018-2020 para penalizar a las empresas que obligan a sus trabajadores a ser falsos autónomos con el objetivo de asegurar la calidad del empleo y dirigirlas al refuerzo de la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social y la inserción e integración de los inmigrantes vinculados al empleo.

Según el artículo 22.2 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social establece como infracción grave: “No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido” 

Se reconoce como falso autónomo aquel que, aunque estado dado de alta por la seguridad social no trabaja como autónomo. Delante este fraude laboral, nos encontramos que la ley protegería aproximadamente a 290.000 trabajadores afiliados a la RETA – Régimen Especial de Trabajadores según un pronóstico de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos – UPTA.

La inhabilitación para quienes contratan falsos autónomos puede ser mediante sanciones y/o pagos relacionados con la Seguridad Social y a Hacienda Pública.

En primer lugar, las sanciones que provienen de los falsos autónomos pueden variar según su intensidad:

-Sanción de grado mínimo: de 3.126€ a 6.250€

-Sanción de grado medio: de 6.251€ a 8.000€

-Sanción de grado máximo: de 8.001€ a 10.000€

En segundo lugar, la Inspección de Trabajo a parte de sanciones puede exigir el pago de las cuotas a la Seguridad Social por el tiempo en que el trabajador debería haber estado cotizando por el Régimen General.

Por ejemplo, la Inspección de Trabajo podría reclamar las cuotas de los últimos cuatro años más los correspondientes recargos entre el 100% y 150% en concepto de cotizaciones no ingresadas. Teniendo en cuenta que la cantidad podría llegar a considerarse delito penal.

¿Y cómo decidir qué figura debe aplicarse en cada caso?

Es importante cerciorarse de todas las opciones que realmente ofrece la legalidad vigente, detallar las características y costes de cada caso y establecer una política laboral responsable.

 

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